La exclusión de las mujeres campesinas en el reparto de los beneficios del acopio extraordinario de frijol en Fresnillo expone la persistencia de las estructuras caciquiles que han normado los movimientos sociales en el agro mexicano. El fenómeno, visibilizado tras la movilización del pasado 22 de mayo, ilustra cómo las bases femeninas son instrumentalizadas para la ocupación del espacio público, siendo marginadas en la fase de distribución de los bienes públicos conquistados.
Históricamente, el campo de Zacatecas ha estructurado sus relaciones de poder en torno a liderazgos masculinos verticales que operan como interlocutores únicos ante el aparato estatal. La emergencia de productoras agrícolas en las primeras líneas de las protestas civiles no se ha traducido en una representación equitativa dentro de las mesas de negociación, donde se perpetúa la invisibilización de la doble jornada laboral de la mujer rural.
El caso de la comunidad de Los Mendoza condensa las tensiones de la sociología agraria contemporánea, donde la privatización del bienestar se ejecuta mediante la opacidad de los padrones. Al negar el acceso a la lista de los 300 beneficiarios, la dirigencia tradicional ejerce una violencia económica institucionalizada, utilizando la narrativa de la «unidad del movimiento» para sofocar las demandas de equidad de género de las bases trabajadoras.
Las campesinas afectadas enfrentan una triple vulnerabilidad derivada de su condición de género, el rezago económico del sector hidroagrícola y el aislamiento geográfico. Los gastos devengados en el traslado a los centros urbanos para sostener las guardias nocturnas agravaron el endeudamiento de las familias productoras, desprovistas ahora del canal de comercialización preferente que ofrece el Estado.
La estigmatización de las voces críticas femeninas bajo los calificativos de «operadoras gubernamentales» o «traidoras» replica los patrones de control disciplinario del corporativismo del siglo pasado. Esta retórica descalificatoria busca neutralizar el surgimiento de liderazgos horizontales independientes que cuestionen la legitimidad de las cúpulas varoniles en la intermediación de los subsidios productivos de la federación.
El silencio de los colectivos feministas urbanos y de las crónicas de prensa tradicionales ante la marginación de las productoras de Los Mendoza evidencia la desconexión existente entre las agendas de género de las metrópolis y la realidad estructural del sector agrario. La desprotección mediática facilita la reproducción de dinámicas totalitarias en las estructuras ejidales sin el costo político que acarrearía en entornos urbanos.
La resolución de la crisis del frijol en Zacatecas requiere una reforma estructural en los mecanismos de validación de los programas de bienestar rural. La introducción de cuotas de género vinculantes y la auditoría obligatoria de los padrones por parte de organismos autónomos internacionales constituyen requisitos indispensables para democratizar los movimientos sociales y garantizar que la justicia distributiva alcance a la base trabajadora real.