El Gobierno del Estado de Zacatecas rindió cuentas sobre el ejercicio de 19 mil millones de pesos aplicados al rubro de salud a lo largo de un lustro de administración. El informe presentado por el gobernador David Monreal Ávila coloca bajo el escrutinio público el cumplimiento de las metas de universalización de los servicios médicos acordadas con la Federación.
A pesar de la asignación millonaria, la administración reconoció deficiencias pendientes en la consolidación del modelo de gratuidad total. La promesa gubernamental contempla que la red de 267 unidades médicas y 8 mil 400 empleados cubra al 100% las necesidades de la población desprotegida, un objetivo que actualmente la Secretaría de Salud estatal ubica en el 98%.
El plan para extender la cobertura hacia comunidades marginadas depende del establecimiento de 200 nuevos consultorios en zonas con al menos 500 pobladores. La viabilidad del proyecto está sujeta a la licitación e instalación oportuna de servicios básicos de electricidad y conectividad antes de que concluya el año 2026, fecha fijada para las pruebas operativas.
El uso de los recursos públicos incluye la ejecución de 3 mil millones de pesos destinados a la edificación del Hospital Regional del IMSS en Guadalupe. El complejo médico, que albergará un acelerador lineal y 216 camas, será sometido a supervisión para vigilar los tiempos de entrega y la correcta licitación del equipamiento especializado.
El saldo financiero del quinquenio abarca la fiscalización de 478 millones de pesos aplicados en la sustitución y mantenimiento de 1 mil 961 equipos médicos electromecánicos. El reporte oficial incluye la erogación de 107 millones de pesos para la compra de 52 ambulancias y 53.4 millones de pesos invertidos en el Centro de Salud de Jerez.
La articulación política entre el Ejecutivo estatal y la Presidencia de la República, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, condiciona el flujo continuo de aportaciones federales para sostener la gratuidad en cirugías e insumos. El compromiso institucional exige verificar que los medicamentos e intervenciones complejas lleguen al usuario final sin costos extraordinarios.
La verificación de estas metas presupuestales será determinante a partir del 1 de enero de 2027, fecha en que los 200 nuevos centros comunitarios deberán operar formalmente. La vigilancia social y de los órganos fiscalizadores se centrará en la contratación efectiva del personal médico y la dotación permanente de fármacos.